Sábado, Febrero 29, 2020
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INDICADORES DEL AGRO

AGRICULTURA- GANADERIA COFFEE - CAFÉ USD 1,10 AZUCAR- SUGAR USD 0,1409 COCOA - CACAO USD 2,674.00 COTTON - ALGODÓN USD 0,60 LUMBER - MADERA USD 412.60 SOYBEANS - SOYA (SOJA) USD 891.75 SOYBEAN MEAL - HARINA DE SOYA (SOJA) USD 306.00 SOYBEAN OIL - ACEITE DE SOYA (SOJA) USD 28.56 CORN - MAIZ USD 367.75 OATS - AVENA USD 274.25 WHEAT - TRIGO USD 517.75 ROUGH RICE - ARROZ USD 13.56 LIVE CATTLE - GANADO LECHERO USD 108.53 FEEDER CATTLE - GANADO DE ENGORDE USD 133.40 LEAN HOG - CERDO MAGRO USD 62.15 MINERIA-COMBUSTIBLES NATURAL GAS - GAS NATURAL USD 1.73 BRENT CRUDE OIL - PETROLEO BRENT USD 50.52 LIGHT CRUDE OIL-WTI - PETROLEO WTI USD 44.90 COAL - CARBON USD 45.05 METALES GOLD - ORO USD 1,589.80 SILVER - PLATA USD 16.76 COPPER HIGH GRADE - COBRE ALTA PUREZA USD 2.55 CAMBIO DIVISAS COLOMBIA Dólar (T.R.M) 3,539.86 Euro 3,868.53 Peso Méxicano 178,74 Real Brasilero 785,600

Opinón

En la parte I de esta columna, iniciaba la descripción del duro escenario que está padeciendo el sector ganadero nacional. En la peor crisis alimentaria de Venezuela en sus últimos 60 años, la actitud del gobierno no solo es irresponsable y disparatada, la misma es criminal, si consideramos el daño causado a la población al negársele el acceso a los alimentos, violando lo consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 que contempla "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure... la salud y el bienestar, y en especial la alimentación...".

El pasado viernes 9 de noviembre Nicolás Maduro mientras amenazaba por los medios de comunicación con tomar el 100 % de la distribución de la carne bovina, manifestaba su total respaldo a Wilmar Castro Soteldo, Ministro del poder popular para la agricultura productiva y tierras (MPPAT), asegurando “tiene todo mi apoyo para seguir en el plan de la Venezuela agrícola”. Una semana después, el viernes 16, es publicada la Gaceta Oficial N.° 41526, suscrita por Castro Soteldo, contraviniendo la orden presidencial a los gobernadores de apoderarse del 30 % de la carne producida en sus regiones.

En el artículo 1 de esta resolución, se prohíbe explícitamente “la emisión o ejecución de cualquier medida, restricción o gravamen, que impidan de manera directa o indirecta el acopio, transporte, distribución, comercialización o libre movilización de alimentos, bien sea de producción primaria o procesada, incluso sus subproductos, así como cualquier especie de ganadería, pesca o acuicultura, en pie o beneficiada”.

Esta acción que desautoriza a Maduro, es encabezada por el propio Ministro de defensa Vladimir Padrino López, en su condición de Comandante de la “Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro”, y secundada además del MPPAT, por los ministros de Industrias y Producción Nacional, Comercio Nacional, Alimentación y Pesca y Acuicultura

Al momento de escribir esta columna, en los estados Zulia, Apure, Bolívar, Barinas y Guárico autoridades locales, pese a esta resolución, insisten en retener el 30 % de las reses sacrificadas. Presenciamos un país anarquizado, impregnado de órdenes y contraordenes, y de “reyezuelos” locales, sin control.  Más grave aún, se desconoce por completo el destino de la carne retenida, existiendo la sospecha que está siendo comercializada fuera del país, y la riqueza generada desviada a las cuentas personales de algunos funcionarios, “unos crían el becerro, y otros se llevan la carne”. 

Cabe preguntarse frente al daño causado al circuito cárnico nacional por tan irracionales anuncios, llevando el desabastecimiento de carne de res al 90 % ¿Fue una decisión inconsulta de Maduro el pretender asumir el 100 % de la comercialización de la carne bovina? o al contrario ¿Fue una acción tomada en conjunto con su tren ministerial, pero asumida en desconocimiento absoluto del sector, sin medir los daños causados? ¿Será un nuevo globo de ensayo para medir la respuesta de la sociedad, en el intento del gobierno de estatizar el aparato agroproductivo nacional?   

Cual sea la motivación real de la marcha y contra marcha de Maduro y los ministros responsables de la política agroalimentaria nacional, ha quedado en evidencia el menosprecio que sienten hacia el sufrimiento de un pueblo que vio desaparecer la carne, debido a la escasez e inflación.

 

La carne de bovino fue el rubro que dentro del renglón alimentos, registro el mayor incremento en su precio en octubre, reportándose un incremento de 221,3 % (Cendas – FVM), ante las distorsiones creadas en un ya frágil mercado cárnico, que viene siendo víctima desde hace casi dos décadas, de medidas inconsultas y arbitrarias, mermando su capacidad productiva.

La medida anunciada en la gaceta N.° 41526, celebrada incluso por algunos gremios del sector agropecuario y empresarial, en realidad, nunca debió ser necesaria, si en Venezuela existiese estado de derecho y respeto a lo establecido en nuestra carta magna que establece en los artículos 112 y 115 la posibilidad de nuestros productores a “dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia...” garantizando “el derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes...”.

Es evidente que la apropiación total o parcial de cosechas y reses es violatorio a lo allí establecido, al no haberse cumplido los procedimientos para ser decretados productos “de utilidad pública” ni ocurrir la “justa indemnización”, para que el estado se apodere del producto del esfuerzo del sector agroproductor privado. Sin embargo, como ya es costumbre, la sumisión y el silencio del Ministerio Público y Defensoría del Pueblo, ante el poder ejecutivo, se había hecho presente frente a este atropello.

Un país en el cual su gobierno le declara la guerra a muerte a su sector agropecuario, mientras sus habitantes indiferentes les dan la espalda, no tiene futuro. La quiebra de la ganadería venezolana no la vive el gobierno, la sufre el ciudadano que tiene a sus hijos sin leche y carne. Imprescindible es, acompañar a los gremios agropecuarios en sus justos y necesarios reclamos.



Ing. Agr. M. Sc. Werner Gutiérrez Ferrer

Ex Decano de la Facultad de Agronomía

@WernerGutierrez


El 10 de diciembre de 2001, Hugo Chávez Frías, presidente de Venezuela, promulga la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, para “dignificar y reivindicar al campesino”. En 2002 su gobierno inicia los primeros procedimientos de “rescate de tierras agrícolas” apoyado en la recién publicada ley. Comenzaba así la historia de un estado devenido en terrateniente, que ya para el 2014, William Gudiño, presidente del Instituto Nacional de Tierras, reconocía haber “regularizado” 10,2 millones de hectáreas.

 

La nefasta política de expropiaciones, confiscaciones y nacionalizaciones de fincas y centros de beneficio de reses, realizada por el Chavismo – Madurismo en Venezuela, resquebrajo un sistema ganadero, que aunque con algunas imperfecciones, y aspectos a mejorar, como dicen en nuestros llanos, “si becerros sembraban, toros nacían”.

Nuestro país gracias al sistema agroproductor nacional llego a alcanzar el autoabastecimiento de carne bovina. Hoy a 14 años de las primeras apropiaciones inconstitucionales de tierras por parte del estado, la poca accesibilidad a la carne bovina en el 87 % de los hogares sumergidos en pobreza, ha demostrado la falsedad de aquella afirmación del gobierno de ser “fincas improductivas”.

En su intento por reducir el rol del sector privado, el “Socialismo del Siglo XXI” expandió su control total sobre aproximadamente 6.0 millones de hectáreas en plena producción, y cerca del 50 % de la capacidad instalada en las salas de matanza.

Pero igualmente su estrategia ha consistido en maniatar todo aquello que “por ahora” no ha sido expropiado, mediante una espesa telaraña de regulaciones, control e intervenciones del mercado, que le impiden a un mermado sector privado dar respuesta a las necesidades de alimentos del pueblo venezolano. El gobierno nos ha sumergido en el túnel de la precariedad, triplicando entre los períodos 2010 – 2102 y 2015 – 2017 el número de personas con hambre en el país, según la FAO.      

Sin duda alguna, las expropiaciones e invasiones de fincas se convirtieron en el principal punto de inflexión a partir del cual se da inicio a la quiebra deliberada de la ganadería nacional. Venezuela no tuvo necesidad de importaciones significativas de carne hasta que se produjo la destrucción de nuestro hato ganadero bajo la presidencia de Chávez Frías, llevando a depender el consumo interno cerca de un 60 % de las importaciones.

Para finales del 2017, ya el consumo anual de carne bovina había descendido de 23 a menos de 7.0 kilogramos por persona, ante la imposibilidad del gobierno de Nicolás Maduro de disponer de las divisas necesarias para continuar con su importación, y lamentablemente, por el daño causado al rebaño bovino nacional, la producción interna solo permitía colocar en el mercado, cerca de las 250.000 toneladas de carne para ese año. Ante el quiebre de las finanzas nacionales, al cierre del 2018, las importaciones de carne de bovino cerraran en cero, y la ingesta habrá caído por debajo de los 5.0 kilogramos por persona en el año.

Luego de arruinar las fincas expropiadas, de mal invertir miles de millones de dólares en importaciones de carne y ganado en pie entre el 2011 y 2014,  despilfarrando el dinero del erario público, y enriqueciendo a una mafia protegida por el gobierno y a empresarios de Nicaragua, Brasil y Uruguay, entre otros, estas últimas semanas el país agroproductor es sacudido nuevamente, por la rapacidad insaciable de quienes mal dirigen al país.

Impulsados por la orden de Maduro “tenemos que tomar el 100% de control de la producción y distribución de la carne”, quienes nunca han pisado una finca, ni sacado dinero para el pago de un jornal, compra de alimentos y vacunas, reparar la maquinaría y cercas, superado veranos o inundaciones, irrumpen con aspavientos y amenazas sobre el sector privado, promulgando decretos para apropiarse de manera ilegal e ilegítima del fruto del esfuerzo y sacrificio de nuestros ganaderos.

Los gobernadores de los estados Apure, Barinas, Guárico, Zulia, Cojedes, Falcón, Monagas y Portuguesa, han ordenado la venta forzosa del 30 a 60 % de las reses sacrificadas en cada entidad, pagando a precios que no reconocen la estructura de costos del sector ganadero y/o del matadero. Adicionalmente, han prohibido la movilización de ganado, fuera de estos estados, sin autorización previa de sus despachos. Unos crían el becerro, y otros se llevan la carne.

El asalto a la propiedad privada, una vez que la sociedad lo permite, se sabe dónde comienza, pero no donde termina. Nos esperan días aún más turbulentos. Más allá de advertir una importante y obvia merma en la oferta interna de carne de bovino, necesario es analizar qué hay detrás de las medidas de apropiación del aparato agroproductivo privado que aún se mantiene de pie, y hacia dónde nos conducen.  En la parte II de este trabajo, estaré ofreciendo interesante información al respecto.  


Ing. Agr. M. Sc. Werner Gutiérrez Ferrer

Ex Decano de la Facultad de Agronomía de LUZ

@WernerGutierrez




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